La Corte de Apelaciones de Valparaíso ha fijado las fechas para los desalojos de dos importantes tomas de terrenos en la región, generando tensión entre los habitantes afectados y las autoridades.
El desalojo de la megatoma de San Antonio, ubicada en el cerro Centinela, se llevará a cabo el 27 de febrero a las 10:00 horas. En este sector residen 10.251 personas distribuidas en 4.136 viviendas, levantadas sobre un terreno privado de 260 hectáreas. La resolución judicial establece que la Municipalidad de San Antonio, la Delegación Presidencial de Valparaíso y Carabineros deberán coordinar un operativo en etapas, aplicando una “división cuadricular” para ejecutar el desalojo de manera paulatina y razonable. Además, el Ministerio de Vivienda (Minvu) informó que el lunes 24 de febrero se realizará una reunión entre el Minvu, el Ministerio del Interior y los propietarios del terreno para buscar soluciones, reconociendo las dificultades inherentes a un desalojo de esta magnitud.
Paralelamente, en Viña del Mar, la toma Edén en Lajarilla, Reñaca Alto, enfrenta un escenario similar. La Corte de Apelaciones ratificó que el desalojo de las 90 familias que habitan el terreno, propiedad de José Massú, se realizará el sábado 22 de febrero a las 10:00 horas, con auxilio de la fuerza pública si es necesario. Esta decisión ha generado gran controversia, llevando a los residentes a anunciar la presentación de dos acciones judiciales contra el propietario: una por la vía civil ante la Corte de Apelaciones y otra por la vía penal en el Juzgado de Garantía de Valparaíso.
Los habitantes de Lajarilla han manifestado su rechazo a la orden de desalojo, emitiendo consignas como “¡No al desalojo!” y “¡Massú, queremos negociar!” durante una protesta realizada en el frontis de la Corte de Apelaciones. El abogado de los residentes ha calificado el lanzamiento como “un atentado contra los derechos humanos”.
La región de Valparaíso se enfrenta a un complejo panorama habitacional, con miles de familias en riesgo de quedar sin un lugar donde vivir, mientras las autoridades buscan equilibrar el respeto a la propiedad privada con la necesidad de soluciones habitacionales.
