La Corte de Apelaciones de Valparaíso resolvió acoger el recurso de protección presentado por Loreto Maturana, exdirectora del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, ordenando su reincorporación al cargo y el pago de las remuneraciones correspondientes al período en que permaneció fuera de sus funciones. De esta manera, el tribunal dejó sin efecto tanto la solicitud de renuncia como la posterior declaración de vacancia del puesto.
Según el fallo, el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio vulneró el procedimiento que exige la ley para remover a un directivo de Alta Dirección Pública, debido a que no informó previamente y con fundamentos al Consejo de Alta Dirección Pública sobre la decisión. En ese sentido, la Corte determinó que esta omisión contraviene el principio de legalidad que rige la actuación de los organismos públicos.
La controversia surgió meses después del nombramiento de la exministra Jeanette Vega como subdirectora médica del recinto asistencial. En ese contexto, Maturana sostuvo que recibió presiones para revertir dicha designación y que, al negarse a hacerlo, se le solicitó la renuncia por una supuesta «pérdida de confianza».
Por su parte, el Servicio de Salud defendió la legalidad de la desvinculación, argumentando que la decisión respondió tanto a esa pérdida de confianza como a observaciones relacionadas con la gestión de las listas de espera. Asimismo, indicó que posteriormente comunicó la medida al Consejo de Alta Dirección Pública, organismo que optó por no citar a la entonces directora para entregar antecedentes.
No obstante, la Corte estimó que la normativa obliga a que dicha comunicación sea previa y debidamente fundamentada, precisando que este requisito busca limitar la discrecionalidad en la remoción de altos directivos y garantizar que estas decisiones se ajusten al marco legal.
Pese a esta resolución, el conflicto aún no concluye. Ahora el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio deberá decidir si recurre ante la Corte Suprema o da cumplimiento al fallo, reincorporando a Loreto Maturana. El tribunal, además, dejó establecido que la autoridad puede poner término a las funciones de un directivo de Alta Dirección Pública, siempre que respete íntegramente el procedimiento previsto por la ley.
