El Complejo Penitenciario de Valparaíso enfrenta una grave crisis sanitaria debido a una plaga de ratones que ha generado preocupación entre los funcionarios de Gendarmería. La presencia de estos roedores ha sido reportada en diversos sectores del penal, siendo el casino uno de los más afectados. La situación ha llevado a que muchos trabajadores eviten consumir alimentos en el recinto, buscando prevenir riesgos para su salud.
Ante la gravedad del problema, los diputados Diego Ibáñez (Frente Amplio) y Andrés Celis (independiente, ex RN) visitaron el penal junto a Carlos Fernández, director nacional de la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes, con el fin de evaluar la situación. Fernández enfatizó la necesidad de garantizar condiciones de trabajo dignas y seguras para el personal, señalando que «no es aceptable que los funcionarios tengan que exponerse a riesgos sanitarios diariamente».
Luego de la visita realizada el pasado viernes, los parlamentarios anunciaron que presentarán un oficio dirigido al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Salud y a las seremis correspondientes, con el objetivo de que se adopten medidas concretas para erradicar la plaga.
Ibáñez calificó la situación como «alarmante», destacando que el casino atiende a 350 personas al día y representa un peligro para la salud pública. «Es fundamental implementar un plan de desratización eficiente que ataque el problema de raíz», sostuvo. En la misma línea, Celis calificó el hecho como «un escándalo» y subrayó la urgencia de revisar la empresa encargada del control de plagas, así como la posibilidad de cerrar temporalmente el comedor hasta que se garantice su seguridad sanitaria.
Según información publicada por La Estrella de Valparaíso, la Dirección Regional de Gendarmería confirmó que, mediante una licitación, se contrató a una empresa especializada en el control de plagas. Asimismo, los trabajos de desratización comenzaron esta semana y se mantendrán de manera regular durante todo 2025. En primera instancia, las fumigaciones se realizarán semanalmente, para luego pasar a un régimen quincenal, según lo estipulado en el contrato.
La situación sigue en desarrollo, mientras funcionarios y parlamentarios exigen una solución efectiva para evitar que el problema se siga agravando.
