La exseremi de Salud de Valparaíso presentó una querella por injurias contra siete dirigentes de AFUSSAV. La acción se originó luego de que los trabajadores solicitaran investigar las denuncias de maltrato y discriminación que habían sido expuestas tras la muerte de la periodista Sol Millakura Hernández.
Este miércoles 12 y jueves 13 de agosto se desarrollará una nueva etapa judicial de la querella presentada por la exseremi de Salud de Valparaíso, Lorena Cofré, en contra de siete dirigentes de la Asociación de Funcionarios de la Seremi de Salud de Valparaíso (AFUSSAV).
La acción judicial se relaciona con una serie de cartas abiertas difundidas por los dirigentes sindicales en noviembre de 2025, después del fallecimiento de la periodista y exfuncionaria Sol Millakura Hernández. En ellas, solicitaron a la entonces ministra de Salud investigar las denuncias de presunto maltrato y discriminación laboral que habían sido conocidas públicamente.
De acuerdo con los antecedentes de la causa, Cofré interpuso la querella por injurias, apuntando principalmente a dirigentes que además habían sido presentados como testigos en la tutela laboral iniciada por Millakura antes de su fallecimiento.
El proceso tuvo un primer pronunciamiento el 23 de abril de 2026. En esa oportunidad, el Tribunal de Garantía decretó el sobreseimiento total de la causa, argumentando, entre otros aspectos, que no se encontraba correctamente determinado el delito atribuido. Asimismo, se consideró que los hechos planteaban una tensión con el ejercicio de la libertad de expresión y la actividad sindical.
Sin embargo, la decisión fue posteriormente recurrida por la exautoridad ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso. El tribunal de alzada acogió la apelación el 6 de mayo y ordenó retrotraer el procedimiento, permitiendo que la causa continuara su tramitación ante el Tribunal de Garantía.
La querella se produce en medio de un caso que también ha tenido una arista laboral. Sol Millakura Hernández, periodista y exfuncionaria de la Seremi de Salud de Valparaíso, falleció el 11 de noviembre de 2025, luego de haber denunciado situaciones que vinculaba con maltrato y discriminación laboral.
Meses antes, en junio de 2025, la periodista había presentado una tutela laboral en contra de Lorena Cofré, quien entonces ejercía como seremi de Salud. En dicha acción acusó, entre otros aspectos, discriminación asociada a su identidad de género y al reconocimiento de su nombre legal y social, además de hostigamiento y un despido que calificó de injustificado.
En ese contexto, los dirigentes sindicales difundieron cartas fechadas el 17, 18 y 22 de noviembre de 2025, mediante las cuales solicitaron a la autoridad sanitaria abordar e investigar los antecedentes que habían tomado carácter público tras el fallecimiento de la funcionaria.
Los representantes de los trabajadores sostienen que dichas actuaciones se enmarcaron en sus funciones sindicales y que las comunicaciones respondieron a inquietudes planteadas por sus propios asociados. Por ello, argumentan que la querella podría afectar el ejercicio de la libertad sindical y de expresión.
A estos antecedentes se suma una resolución conocida esta semana por el Juzgado de Letras del Trabajo, que acogió parcialmente la tutela presentada en su momento por Millakura.
El fallo estableció que existió una vulneración de derechos fundamentales y atribuyó responsabilidad al Estado por la respuesta entregada frente a las situaciones denunciadas por la periodista. Además, la resolución determinó que hubo afectación a su integridad psíquica y ordenó al Ministerio de Salud elaborar, en un plazo de 120 días, un protocolo de aplicación nacional para garantizar el uso y registro del nombre social de funcionarios y funcionarias.
Asimismo, el tribunal estableció que el Fisco deberá pagar una indemnización superior a los $14 millones a la familia de Millakura, luego de acreditar una vulneración de derechos en el contexto de su relación laboral con la entonces Seremi de Salud.
De esta manera, mientras la justicia laboral estableció responsabilidades en relación con las denuncias formuladas por la periodista, la justicia penal deberá abordar ahora la querella presentada contra los dirigentes sindicales que, tras su fallecimiento, solicitaron investigar públicamente los antecedentes del caso.
