Ayer lunes, el Juzgado de Garantía de Valparaíso resolvió la expulsión de 23 ciudadanos colombianos, quienes formaban parte de la organización criminal conocida como “La Empresa”. Esta banda se dedicaba a ofrecer préstamos de dinero de manera informal en Chile, estableciendo condiciones abusivas en los cobros y operando al margen de la ley. La decisión se tomó en el marco de un procedimiento abreviado en el que los imputados fueron condenados por su participación en actividades ilícitas.
Para comprender el alcance de esta medida, es importante recordar que “La Empresa” tenía como principal actividad la entrega de créditos a comerciantes bajo un sistema de cobros excesivos que superaban los márgenes legales, incurriendo así en el delito de usura. Su operación no se limitaba al territorio nacional, sino que también tenía ramificaciones en el extranjero, con una estructura jerárquica que incluía líderes tanto en Colombia como en Chile.
En este contexto, la desarticulación de la banda fue posible gracias a una investigación llevada a cabo por la Policía de Investigaciones (PDI), la cual permitió, en noviembre del año pasado, la detención de 44 personas vinculadas a la organización. Entre los arrestados se encontraron 43 ciudadanos colombianos y un chileno, quienes desempeñaban distintos roles dentro del grupo criminal.
Posteriormente, tras la captura de los implicados, el tribunal impuso la prisión preventiva para 42 de los 44 detenidos, argumentando que representaban un riesgo para la seguridad de la sociedad, además de existir peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación. De esta manera, la medida cautelar más estricta fue aplicada a la mayoría de los imputados mientras se llevaban a cabo los procedimientos judiciales.
Más adelante, en la audiencia de este lunes, el fiscal Pablo Avendaño explicó que el proceso concluyó con la condena de 25 integrantes de la organización bajo la figura de procedimiento abreviado. No obstante, puntualizó que, en el caso de dos de ellos, no se pudo aplicar la medida de expulsión debido a que mantenían otras causas vigentes en el país.
En cuanto a los 23 condenados restantes, quienes no registraban antecedentes penales ni otras causas pendientes, se calcula la sustitución de sus penas privativas de libertad por la expulsión del país, tal como lo contempla la legislación para este tipo de delitos. De esta manera, los involucrados deberán abandonar Chile en un plazo que se extiende hasta el 28 de marzo, fecha en la que debería completarse el proceso de deportación.
Además, el fiscal Avendaño destacó que esta decisión fue posible gracias a una coordinación entre diversas instituciones, incluyendo el Ministerio del Interior, el Servicio Nacional de Migraciones y la Policía de Investigaciones. Esta colaboración interinstitucional permitió llevar adelante un operativo eficaz para erradicar a la organización del territorio nacional.
Por último, el persecutor señaló que la estructura de “La Empresa” operaba en Chile al menos desde el año 2020 y contaba con un sistema jerárquico bien definido, en el que los líderes ubicados en Colombia supervisaban a los miembros en Chile. Entre los roles más relevantes dentro de la organización estaban los cobradores, quienes se encargaban de hacer cumplir los pagos de los préstamos ilegales y que fueron el foco principal de la audiencia judicial de este lunes.
