Camila Abarca, trabajadora de la Municipalidad de Viña del Mar por nueve años, presentó una tutela laboral por graves vulneraciones a sus derechos tras quedar embarazada. Mantenida bajo la modalidad de honorarios, fue obligada a trabajar hasta un día antes del parto y a reincorporarse apenas cinco días después de dar a luz, en un ambiente hostil donde se controlaban estrictamente sus horarios y rendimiento.
Sin condiciones adecuadas para amamantar, se vio forzada a llevar a su hija recién nacida a la oficina, donde incluso debía mudarla sobre las mesas, exponiéndola a insalubridades que derivaron en graves problemas de salud. A pesar de ello, se le negó la opción de teletrabajo, vulnerándola como mujer, trabajadora y madre.
El acoso laboral continuó con la degradación de sus funciones, su exclusión de reuniones y un trato despectivo por parte de su jefatura. Sus denuncias fueron ignoradas y, en septiembre de 2024, fue trasladada a un “área de castigo” en represalia. La falta de acción por parte de la casa edilicia y la demora en la resolución de su caso evidencian la desprotección que enfrentan los trabajadores en situaciones similares.
Al respecto, Felipe Olea, abogado de la afectada, señaló: “Camila Abarca no solo fue vulnerada por su empleador, que es la Municipalidad de Viña, primero por mantenerse bajo honorarios por nueve años y luego por el acoso sufrido durante y después de su embarazo; sino también por un sistema que tarda años en dar respuestas. La demora en estos procesos no solo revictimiza a los afectados, sino que también envía un mensaje de indiferencia frente a la violencia laboral. Es urgente que las instituciones adopten protocolos efectivos de prevención y respuesta, y que los tribunales actúe con la celeridad que estas situaciones requieren”.
En tanto, la afectada relató que “las vulneraciones fueron un castigo por el hecho de haber quedado embarazada, desde el momento en que presenté mi prenatal y luego del nacimiento de mi bebé. Fue una persecución que no tuvo límites, donde se tocaron todas las puertas… me sentí desprotegida y sin ser escuchada a pesar de seguir los protocolos. Esto me llevó a enfermar, yo sigo con medicamentos, tuve que renunciar al no tener respuestas del municipio… Yo siento que fui muy vulnerada y que no he logrado sanar”.
«Yo siento que fue un castigo el hecho de haber quedado embarazada. Desde el momento en que yo presenté mi prenatal y luego eso conllevó a una vulneración de derecho y menoscabo laboral hacia mi persona. No hubo límites», dijo Camila Abarca.
Si bien el caso de Camila Abarca resulta impactante, no es un hecho aislado dentro del municipio. Nicole Calle, quien trabaja en la casa edilicia desde 2011, ha sido víctima de acoso laboral, el cual se intensificó tras reincorporarse de una licencia médica por una enfermedad grave. A pesar de sus denuncias y de la apertura de un sumario en 2021, este sigue sin resolución, lo que la llevó a presentar una demanda por tutela laboral.
La afectada señaló: “Estos tres años me han generado angustia, estrés, se me quitaron las ganas y ya no me siento parte de este municipio, porque simplemente me restaron. También soy testigo de que no soy la única (en esta situación) solo que somos pocos los que nos hemos atrevido a levantar la voz, aunque nos sigan castigando. No tengo miedo de decir la verdad (…) y vamos a hacer todo lo posible para que esto no siga pasando”.
En una situación similar se encuentra Jorge Cafena, funcionario con 38 años de servicio, ha sufrido hostigamiento desde 2022 tras denunciar presuntos fraudes de la actual administración, lo que derivó en su remoción injustificada y aislamiento laboral. Estos casos reflejan la lentitud judicial y la falta de protección efectiva, permitiendo que el acoso laboral se prolongue sin consecuencias inmediatas para los agresores, afectando gravemente la salud y la vida de las víctimas.
En esa línea, precisó que “desde la llegada de la alcaldesa Ripamonti en 2021, he sido víctima de constantes represalias. Me han trasladado a cargos irrelevantes sin justificación, se me han hecho acusaciones falsas y se me ha sometido a investigaciones sin base, incluso por la desaparición de vehículos que ya habían sido dados de baja”.
