El Gobierno confirmó que este lunes 12 de enero comenzará el proceso de desalojo parcial y progresivo de la megatoma del cerro centinela ubicada en San Antonio, en el marco de un mandato judicial que ordena la restitución de parte de los terrenos ocupados y la ejecución de un plan habitacional en otro sector del mismo paño.
El anuncio fue realizado por el Delegado Presidencial Regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, quien detalló que el procedimiento se iniciará en sectores específicos del terreno tomado, donde actualmente habitan cerca de dos mil familias, y se extenderá por etapas durante un período que no será menor.
Según explicó la autoridad, el plan considera dividir el terreno en dos partes: aproximadamente la mitad será destinada a un proyecto habitacional, mientras que el resto deberá ser desocupado, en cumplimiento de resoluciones emanadas tanto de la Corte de Apelaciones como de la Corte Suprema. En ese contexto, precisó que el proceso judicial quedó formalmente activado tras una presentación realizada por el Ejecutivo el pasado 4 de diciembre, la cual fue acogida por el tribunal.
En cuanto a la planificación operativa, Riquelme indicó que ya se notificó a las familias que habitan en los sectores que deberán ser desalojados, y que además se sostuvieron reuniones con dirigentes y con la Federación de Cooperativas del sector. Asimismo, confirmó que existe una coordinación completa con Carabineros, el municipio y distintos servicios públicos, además del despliegue de albergues para quienes lo requieran.
Respecto a las cifras, el delegado señaló que el catastro preliminar habla de “unas 4.100 viviendas en total dentro de la megatoma, de las cuales entre 2.000 y 2.100 se encuentran en los terrenos que serán destinados al plan habitacional. En consecuencia, cerca de 2.000 familias corresponden al grupo que deberá ser reubicado o desalojado”.
No obstante, aclaró que este catastro es dinámico, debido al constante movimiento de personas dentro del asentamiento, por lo que el proceso será evaluado día a día mediante patrullajes, uso de drones y monitoreo en terreno junto a Carabineros.
En relación con la ejecución del desalojo, Riquelme explicó que la primera etapa está proyectada para extenderse por aproximadamente tres días, aunque su duración efectiva dependerá, entre otros factores, del uso que tengan los albergues habilitados. En esa línea, sostuvo que la estrategia contempla avanzar por tramos, detenerse algunos días para evaluar el escenario y luego continuar con las siguientes fases.
Asimismo, el delegado recalcó que el Gobierno no tiene facultades para perseguir a las personas que se desplacen hacia otros terrenos, y que, en caso de nuevas ocupaciones, serán los propietarios quienes deberán iniciar las acciones judiciales correspondientes. También reconoció que podría producirse un desplazamiento interno desde los sectores desalojados hacia las zonas donde se ejecutará el plan habitacional, situación que será analizada caso a caso.
Finalmente, informó que en cada área que sea despejada se iniciará de inmediato un proceso de restitución al propietario del terreno, quien se comprometió a instalar cercos, realizar demoliciones e incluso ejecutar zanjas, con el fin de evitar nuevas tomas en los espacios recuperados.
