La Dirección del Hospital de Quilpué informó la adopción de medidas administrativas y de resguardo institucional luego de una denuncia por hechos de violencia presentada por una funcionaria en contra de otro funcionario del recinto, en el marco de una situación que actualmente se encuentra bajo investigación en sede judicial.
La respuesta del establecimiento se dio a conocer esta tarde del martes 30 de diciembre, luego de que la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (FENATS) Región de Valparaíso, base Quilpué, exigiera la suspensión de la jefatura del funcionario denunciado por un episodio ocurrido el pasado 21 de noviembre al interior del hospital.
Según informó la Dirección del recinto asistencial, de manera paralela a la investigación que lleva adelante la justicia, se instruyó un proceso administrativo interno, solicitando la designación de un fiscal externo, con el objetivo de garantizar la transparencia e imparcialidad del procedimiento. En este contexto, “el funcionario denunciado fue separado transitoriamente de sus funciones mientras se desarrollan ambas investigaciones”.
Asimismo, desde el hospital señalaron que la funcionaria afectada continúa desempeñando sus labores con normalidad, contando con el resguardo institucional correspondiente, en línea con las medidas adoptadas para su protección y bienestar.
La declaración del establecimiento se conoce luego de que FENATS manifestara públicamente su rechazo a los hechos denunciados y cuestionara eventuales decisiones institucionales que, a su juicio, no estarían acordes a la gravedad de la situación, recalcando que se trata de una denuncia penal y no de un asunto meramente administrativo. El gremio, además, exigió la suspensión inmediata de funciones y el cese del cargo de jefatura del involucrado mientras duren las investigaciones.
Finalmente, la Dirección del Hospital de Quilpué reiteró su condena a cualquier forma de violencia y reafirmó su “compromiso con el respeto, el debido proceso y la protección de las personas involucradas”, enfatizando que las actuaciones institucionales buscan evitar cualquier forma de revictimización durante el desarrollo de las indagatorias.
