Las juntas de vecinos del Barrio Puerto de Valparaíso, junto a la Unión Comunal que las agrupa, alzaron una voz unitaria y decidida: exigen al Estado intervenir con urgencia en el deteriorado casco histórico de la ciudad, solicitando la declaración de Estado de Excepción Constitucional por Catástrofe. La medida, según explican, se justifica en el profundo abandono urbano, social y patrimonial que arrastra el sector desde hace años, y que —afirman— ha superado la capacidad de respuesta de los servicios públicos.
La carta entregada al municipio porteño, y que será derivada a otras reparticiones regionales y nacionales, contiene una propuesta integral de cinco ejes: reconocimiento de las juntas de vecinos como actores legítimos ante las instituciones del Estado; formulación de un Plan de Regeneración Urbana a cargo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU); limpieza y revitalización de la Plaza Echaurren y del Mercado Puerto; y habilitación de edificios abandonados como solución habitacional para enfrentar la crisis de vivienda en la ciudad.
En el corazón de la propuesta está el repoblamiento del barrio como motor de su reactivación. “Ninguna medida será efectiva si no vuelve a habitar gente en el Barrio Puerto”, sentenció Isac Alterman, presidente de la Unión Comunal, quien también enfatizó que esta estrategia puede articularse con las demandas habitacionales de campamentos y comités de vivienda que hoy esperan una solución concreta.
Rosa Ampuero, presidenta de la Junta de Vecinos N°183 de la Población Márquez, fue enfática al describir el panorama actual: “El consumo de drogas y el microtráfico ocurren a plena luz del día. No podemos seguir normalizando conductas que dañan la convivencia y la seguridad”.
Las juntas firmantes —de cerros como Mesilla, Toro, Santo Domingo, Arrayán y la Población Márquez— demandan una acción estatal concreta, multisectorial y coordinada. “Ya no hay tiempo para nuevos diagnósticos”, reconoció la alcaldesa (s) de Valparaíso, Javiera García, quien informó que los equipos municipales trabajan en una propuesta de intervención a corto plazo.
El llamado de las comunidades no es menor: piden ser escuchadas como protagonistas del territorio que habitan. Exigen soluciones estructurales, urgentes y con enfoque ciudadano, ante una crisis que, más allá de lo urbano, afecta de forma directa la dignidad de quienes resisten en uno de los barrios más emblemáticos y abandonados del país.
