Un reciente informe de la Contraloría General de la República volvió a encender las alarmas respecto al uso de recursos públicos en el país. Se trata del duodécimo Consolidado de Información Circularizada (CIC), publicado ayer, el cual reveló que el gasto de los municipios en licencias médicas alcanzó durante 2024 la cifra de $388 mil millones.
Según consignó La Estrella de Valparaíso, este monto representa un aumento del 321% en la última década, considerando que en 2015 el desembolso nacional fue de $92 mil millones.
Aunque los municipios de la Región de Valparaíso no figuran entre los que presentan los gastos más elevados a nivel nacional, el análisis de las cifras locales evidencia un crecimiento sostenido, especialmente en la Municipalidad de Viña del Mar, donde los montos se dispararon en los últimos dos años.
De acuerdo a los antecedentes entregados por Contraloría, el gasto del municipio viñamarino en licencias médicas llegó en 2024 a los $1.652.909.442, mientras que en 2023 el desembolso fue de $1.312.666.243. Estas cifras representan un notable incremento si se comparan con periodos anteriores: en 2022 se registraron $743.292.752; en 2021, $356.246.277; y en 2020, $607.924.399. El alza resulta aún más llamativa al observar que en 2015 el gasto fue de apenas $279.632.02.
El informe también entregó detalles del gasto en personal en los últimos cinco años. En 2024, la municipalidad destinó $39.220.455.399 para este ítem, en 2023 fueron $36.094.320.197, mientras que en 2022 y 2021 se reportaron $30.645.002.747 y $28.106.118.838, respectivamente. En 2020, en tanto, el monto fue de $27.521.956.989.
Asimismo, el informe de Contraloría no pasó inadvertido entre los diputados de la Región de Valparaíso que integran la Comisión de Salud. Andrés Celis (Independiente, ex RN) calificó los resultados como un verdadero “escándalo”, enfatizando que lo ocurrido en Viña del Mar “revela no solo una preocupante falta de prolijidad en la gestión, sino que además un sistema municipal que es terreno fértil para la corrupción y las arbitrariedades”. El parlamentario expresó también su inquietud por la falta de sanciones y controles internos, y planteó la necesidad de una profunda revisión del funcionamiento municipal en el país.
Por su parte, el diputado Tomás Lagomarsino (Partido Radical) sostuvo que la Contraloría “dio un nuevo golpe a la cátedra” con el informe, agregando que resulta indispensable esclarecer las responsabilidades de instituciones como la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) y las Compin. A su juicio, ambas entidades deben “dar un giro de 180 grados y comenzar a cumplir su rol como corresponde”.
Es necesario indicar que, el documento se basó en los datos del Sistema de Contabilidad General de la Nación (SICOGEN) y consideró lo establecido en la normativa vigente: los funcionarios municipales mantienen el pago íntegro de sus remuneraciones mientras están con licencia médica, y es recién después de ello cuando los municipios pueden solicitar el reembolso de los subsidios a Fonasa, Isapres o cajas de compensación, según corresponda.
