Cientos de vecinos de distintos sectores de Miraflores Alto se movilizaron de manera pacífica para exigir la paralización del megaproyecto inmobiliario “Miraflores I y II”, acusando graves riesgos para la seguridad de la población y denunciando una serie de irregularidades en la aprobación judicial de la iniciativa.
La manifestación se desarrolló en Viña del Mar y fue protagonizada por familias de la Población Navarino, apoderados del Colegio Ana María Janer, la junta de vecinos “Los 4 Vientos” y residentes del Condominio Mallén, quienes salieron a las calles para visibilizar su rechazo a la construcción de cinco torres de 15 pisos en un sector de quebradas con pendientes superiores al 40%.
Según señalaron los organizadores, esta protesta es el resultado de más de tres años de oposición al proyecto, el cual, a su juicio, provocará severos impactos en un área que ya presenta problemas de infraestructura, conectividad y abastecimiento de servicios básicos. En esa línea, advirtieron que el proyecto considera la llegada de cerca de 2.500 nuevos habitantes a un sector donde las matrices de agua colapsan con frecuencia y donde las principales vías de acceso, como Subida Lusitania y Avenida Las Rejas, ya se encuentran saturadas.
Desde la comunidad recordaron que tanto la Municipalidad de Viña del Mar como la Dirección de Obras Municipales declararon en su momento el proyecto como “inviable”. A ello se suman informes de organismos técnicos como Sernageomin, la Dirección de Obras Hidráulicas y la Dirección General de Aguas, los cuales advirtieron riesgos críticos asociados a aluviones, remociones en masa e incendios forestales.
No obstante, las obras continuaron tras un fallo de la Corte Suprema emitido el 8 de agosto de 2025, resolución que hoy es duramente cuestionada por los vecinos. En ese contexto, denunciaron que el ministro Diego Simpértigue, redactor del fallo, fue destituido por el Senado el 22 de diciembre de 2025 por notable abandono de deberes y falta de imparcialidad. Además, apuntaron a cuestionamientos que pesan sobre el ministro Jean Pierre Matus, quien también integró la sala y actualmente se encuentra bajo investigación.
El presidente del Comité de Acción Ciudadana Contra el Proyecto Inmobiliario Miraflores I y II (CACPIM), Javier Alvarado, sostuvo que “estamos ante un caso de justicia capturada por intereses inmobiliarios”, agregando que la continuidad del proyecto pone en riesgo directo a los vecinos del sector y a los más de 1.100 alumnos del Colegio Ana María Janer.
En ese marco, la organización informó que el pasado 15 de octubre de 2025 se presentó una denuncia y una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el objetivo de lograr la paralización inmediata de las obras por una presunta vulneración al derecho a la vida y a la integridad física.
Finalmente, desde el comité recalcaron que la masiva movilización busca visibilizar lo que consideran una amenaza directa para la seguridad de la comunidad y advirtieron que continuarán con las acciones legales y sociales hasta lograr la detención definitiva del proyecto.
