A más de un año del devastador megaincendio que afectó a la región de Valparaíso, las investigaciones penales no solo avanzan en la búsqueda de los responsables materiales del siniestro, sino que también han comenzado a enfocarse en el actuar de autoridades políticas y administrativas durante la emergencia. En este contexto, el Estudio Jurídico de Felipe Olea ha reiterado la solicitud de que más de 40 autoridades del país comparezcan ante la justicia para esclarecer su eventual responsabilidad en la gestión y el control de la tragedia.
Entre las figuras que se busca citar se encuentran el presidente Gabriel Boric, la alcaldesa de Viña del Mar Macarena Ripamonti, la exalcaldesa de Quilpué Valeria Melipillán, la exministra del Interior Carolina Tohá, la exdelegada presidencial regional Sofía González, y el exdirector nacional del Senapred Álvaro Hormazábal. Por lo anterior, se intenta establecer si hubo omisiones, negligencias o decisiones erróneas que pudieron haber influido en la magnitud del daño ocasionado por el incendio.
Cabe recordar que esta línea de indagación corre de manera paralela a la investigación que busca determinar la participación de los presuntos autores materiales del siniestro, de los cuales siete se encuentran actualmente en prisión preventiva. Sin embargo, ahora la atención se centra en quienes tenían responsabilidad de mando o gestión en las distintas instancias gubernamentales, tanto locales como nacionales.
El abogado Felipe Olea indicó que esta no es la primera vez que se solicita formalmente la declaración de estas autoridades. “El año pasado se solicitó en al menos tres oportunidades al Ministerio Público, en el marco de la investigación penal encabezada por el fiscal Osvaldo Osandón, que se citara a declarar a diversas autoridades por su presunta responsabilidad en el manejo de la emergencia. Hoy, con la apertura de una nueva investigación, ahora a cargo del fiscal Rebeco y centrada específicamente en el rol de las autoridades, reiteramos formalmente esta solicitud”, señaló.
Asimismo, Olea hizo hincapié en que el paso del tiempo no disminuya la gravedad de los hechos ocurridos, sino que, a su juicio, podría haber permitido versiones preparar que diluyan responsabilidades. “Es importante tener presente que, aunque haya pasado el tiempo, la gravedad de los hechos no ha cambiado. Lo único que ha ocurrido es que las autoridades han tenido más tiempo para preparar versiones, modificar antecedentes y eludir su responsabilidad penal. Sabemos que no ha habido autocrítica, sabemos que, por ejemplo, la alcaldesa Ripamonti se presentó a la reelección y que, en reiteradas ocasiones, ha insistido en que la responsabilidad no es suya, sino del Gobierno. Por su parte, la exministra Tohá pese a su cuestionable gestión Durante el megaincendio, decidió ser ahora candidata presidencial”, expresó el abogado.
En el marco de esta nueva arista investigativa, también se solicita que el presidente Gabriel Boric declare y entregue antecedentes claves sobre decisiones tomadas antes y después de la catástrofe. Particularmente, se le requiere información respecto de tres ejes: los criterios técnicos que tuvo en cuenta para designar al actual ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela; los motivos detrás de la destitución del exdirector de Senapred, Álvaro Hormazábal; y las comunicaciones oficiales realizadas en torno al manejo del incendio, especialmente en lo referido al rol de la alcaldesa de Viña del Mar.
Por esto mismo, Olea fue enfático al señalar que, desde su perspectiva, algunas de las decisiones presidenciales pudieron haber tenido consecuencias graves. “Creemos que es necesario que el presidente declare y que se haga cargo de sus decisiones, ponga a personas incapaces en cargos de Gobierno también es constitutivo de negligencia. No hay duda que Conaf falló desde su ex director nacional, Cristian Little; recuerden que fue el mismo que le dijo al director nacional de Senapred, que todo está en calma y bajo control el día de la tragedia. ¿Y quién puso a Little en ese cargo? El actual ministro de Agricultura, que lo mantuvo hasta mediados del año pasado y luego se le llevó a trabajar a otra área del Ministerio”, sostuvo.
Finalmente, el abogado cuestionó el perfil profesional de Valenzuela y su idoneidad para liderar una cartera tan técnica como Agricultura, apuntando posibles consecuencias derivadas de dicha elección. “Nos parece que el presidente de la República nos debe explicar porque parece razonable que un profesional de un área tan distinta al Ministerio que dirige sea un buen ministro de Agricultura, porque Valenzuela es Periodista y a nuestro juicio, es responsable en gran parte de las negligencias que sucedieron en Conaf, sin perjuicio que debamos esclarecer si su responsabilidad se debe a desconocimiento o a hechos de corrupción”, concluyó.
