La arquitecta, que se desempeña a honorarios en el Departamento de Asesoría Urbana, asegura que ha sido víctima de presunto acoso laboral, sexual y hostigamiento al interior del municipio. Tras denunciar los hechos bajo el Protocolo de la Ley Karin, afirma que continuó siendo objeto de nuevas acciones de hostigamiento, situación que la llevó a recurrir a la Policía de Investigaciones. Desde el municipio señalaron que la denuncia administrativa fue desestimada por falta de antecedentes suficientes para iniciar una investigación, aunque anunciaron que evaluarán nuevos antecedentes.
Una trabajadora a honorarios de la Municipalidad de Valparaíso denunció haber sido víctima de acoso laboral, acoso sexual y hostigamiento al interior del Departamento de Asesoría Urbana, situación que, según sostiene, la obligó recientemente a acudir a la Policía de Investigaciones (PDI) para solicitar resguardo tras nuevos episodios que califica como ciberacoso. De acuerdo con su relato, los antecedentes fueron derivados por la PDI al Ministerio Público, donde se espera la determinación de los pasos a seguir.
La arquitecta presentó una denuncia formal mediante el Protocolo de la Ley Karin el pasado 1 de abril de 2026, instancia en la que expuso una serie de antecedentes que, según afirma, se han desarrollado al interior de la unidad donde trabaja y que habrían afectado tanto sus condiciones laborales como su estado de salud.
En el documento, la trabajadora sostiene que al interior del Departamento de Asesoría Urbana existiría una dinámica que define como una “infraestructura de abuso de poder”, describiendo presuntos episodios de maltrato laboral, hostigamiento, cuestionamientos permanentes a sus funciones, dificultades para desarrollar su trabajo y ausencia de respuesta frente a las solicitudes que formuló a sus superiores.
Asimismo, señala que la situación se habría agravado luego de un episodio que califica como acoso sexual y que atribuye a un funcionario municipal. Según su versión, en ese momento optó por no denunciar los hechos debido al temor de perder su fuente laboral y para evitar afectar el funcionamiento del equipo en el que se desempeñaba.
De igual forma, la denunciante afirma que, pese a asumir una importante carga de trabajo y desempeñar funciones de supervisión técnica, sus solicitudes de regularización contractual y mejoras en sus honorarios no fueron acogidas. En ese contexto, sostiene que existe una brecha salarial respecto de otros integrantes del equipo que, a su juicio, perciben remuneraciones considerablemente superiores realizando funciones similares.
Junto con ello, la trabajadora asegura haber sido víctima de invisibilización por parte de jefaturas y compañeros de trabajo, mensajes de contenido sexual enviados por WhatsApp, sobrenombres que considera discriminatorios y otras conductas que, según plantea, configuran un escenario de violencia de género, brecha salarial, sobrecarga laboral, acoso sexual y hostigamiento laboral.
De acuerdo con su relato, los hechos no habrían cesado tras la presentación de la denuncia. Por el contrario, sostiene que durante los meses posteriores continuó enfrentando situaciones que atribuye a represalias, entre ellas la falta de retroalimentación respecto de los antecedentes aportados, la omisión de información relacionada con procesos administrativos necesarios para el pago de sus honorarios, la asignación de tareas que califica como excesivas y la instrucción de firmar visitas a terreno que, según afirma, nunca se realizaron.
Además, asegura que una funcionaria del departamento continuó desarrollando conductas que interpreta como hostigamiento psicológico, situación que, según explica, motivó que su médico tratante le otorgara licencia médica con el propósito de evitar una nueva exposición a las personas que identifica como responsables de los hechos denunciados.
En ese contexto, la trabajadora afirma que el pasado 3 de agosto, mientras se encontraba con licencia médica, fue nuevamente objeto de un episodio que califica como ciberacoso. Según explica, una funcionaria la habría incorporado y posteriormente eliminado de un grupo de WhatsApp relacionado con la celebración del cumpleaños de quien identifica como su presunto agresor sexual, hecho que interpretó como una acción reiterada destinada a intimidarla y causarle un daño emocional.
A raíz de esa situación, la denunciante decidió acudir a la Policía de Investigaciones para solicitar resguardo, argumentando que se encontraba en un permanente estado de amenaza y que, a su juicio, la Municipalidad de Valparaíso no le había brindado la protección necesaria. Según indicó, la PDI recepcionó los antecedentes y resolvió remitir la denuncia al Ministerio Público, procedimiento cuya tramitación se encuentra actualmente en curso.
Por otra parte, la trabajadora sostiene que han transcurrido cerca de 120 días desde la presentación de la denuncia bajo el Protocolo de la Ley Karin sin haber recibido, según afirma, una respuesta de fondo por parte de las jefaturas involucradas ni del municipio en su calidad de empleador.
Consultada por este medio, la Municipalidad de Valparaíso informó que decidió disponer el traslado de la trabajadora a otras dependencias con el objetivo de otorgarle mayores garantías y seguridad para el desempeño de sus funciones. No obstante, precisó que dicha medida aún no ha podido implementarse debido a que la funcionaria permanece con licencia médica.
Respecto de la denuncia administrativa presentada bajo el Protocolo de la Ley Karin, el municipio señaló que, tras el análisis efectuado por las instancias técnicas correspondientes, se concluyó que la presentación no reunía los antecedentes mínimos exigidos para dar inicio a un procedimiento investigativo en sede administrativa, razón por la cual fue desestimada. Sin perjuicio de ello, indicó que, en caso de surgir nuevos antecedentes, estos serán evaluados para determinar la eventual adopción de nuevas acciones administrativas.
