Un reciente reportaje de 24Horas sacó a la luz nuevos antecedentes en el caso de María Ercira Contreras y es que a más de un año de su desaparición, la investigación ha comenzado a enfocarse en eventuales responsabilidades institucionales.
En ese contexto, el Ministerio Público mantiene activa la búsqueda mientras avanza paralelamente una arista por obstrucción a la justicia, en la cual figuran como imputados dos funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) y la dueña del Fundo Las Tórtolas.
Los funcionarios de la PDI fueron imputados debido a irregularidades en la cadena de custodia de los registros audiovisuales de las cámaras de seguridad del recinto, material considerado fundamental para esclarecer lo ocurrido el día de la desaparición. Según los expuesto, las grabaciones habrían sido entregadas de manera incompleta y sin cumplir los protocolos establecidos.
En este contexto, una funcionaria testigo relató que se encontraba trabajando en la Fiscalía cuando un funcionario de la PDI llegó a entregar una cadena de custodia, pero sin el dispositivo de almacenamiento original. Según su testimonio, al exigir que se dejara también el disco duro, el policía se negó argumentando que era utilizado en su unidad, pese a ser advertido de que se trataba de una causa de alto impacto mediático. A esto se sumó el análisis de la perito en video Nadia Mansilla, quien confirmó que la cadena de custodia entregada era irregular y que las grabaciones respaldadas correspondían solo a 6 horas de las 24 horas completas del día de los hechos, sin especificar la cantidad de archivos ni su correcta extracción.
Otro testigo señaló que los archivos pesaban más de 16gb, advirtiendo además que no firmó documentos ni recibió formalmente el material desde la PDI ni Carabineros, lo que reforzó las dudas sobre el procedimiento. Debido a estos antecedentes, ambos funcionarios policiales fueron citados a declarar, instancia en la que se acogieron a su derecho a guardar silencio, mientras esta línea investigativa continúa su desarrollo.
