La Subsecretaría de Redes Asistenciales solicitó la renuncia no voluntaria de la directora del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota-Petorca (SSVQP), Andrea Quiero Gelmi, en medio de una serie de cuestionamientos y una investigación en curso de la Contraloría Regional de Valparaíso.
La decisión, según informó el organismo a través de un comunicado, se fundamenta en la “pérdida de confianza a partir de su desempeño”, junto con la necesidad de fortalecer la conducción del sistema en un contexto que exige respuestas urgentes en materia de salud pública.
En el documento, la subsecretaría señaló que la medida responde a una evaluación de los resultados de gestión y recalcó que, en momentos decisivos para el país, se requiere una mayor coordinación para enfrentar las demandas de la población. Asimismo, aseguraron que continuarán monitoreando el desempeño de los servicios de salud a nivel nacional.
La salida de la ahora exdirectora ocurre en paralelo a un complejo escenario, marcado por una investigación instruida por la Contraloría tras una denuncia que apunta a una eventual manipulación de concursos públicos en el SSVQ.
Según los antecedentes, dirigentes de funcionarios acusaron posibles intervenciones en procesos de Alta Dirección Pública, donde se habrían privilegiado criterios políticos por sobre el mérito. Entre las pruebas presentadas se incluyen conversaciones por mensajería instantánea que darían cuenta de coordinaciones para instalar personas en cargos estratégicos, además de una minuta que describiría mecanismos para solicitar renuncias y designar reemplazos afines.
El organismo contralor advirtió que estos hechos podrían vulnerar principios como la igualdad en el acceso a cargos públicos, la probidad administrativa y la imparcialidad en la función pública, por lo que instruyó un sumario para esclarecer responsabilidades.
A esto se suma otra polémica que involucró a Quiero Gelmi, relacionada con la realización de una endoscopía en el Hospital de Quilpué sin seguir los conductos regulares, lo que incrementó las críticas a su gestión.
Finalmente, la Contraloría también remitió los antecedentes al Ministerio Público para evaluar posibles implicancias penales, mientras avanza la investigación administrativa que busca esclarecer los hechos al interior del servicio.
