El Ministerio de Vivienda confirmó que durante la próxima semana comenzará la demolición de viviendas del conjunto El Olivar, en Viña del Mar, luego de que informes técnicos detectaran serias deficiencias estructurales en inmuebles construidos por la empresa San Sebastián. Además, la cartera aseguró que continuará impulsando acciones judiciales contra la constructora por presuntas irregularidades.
En ese contexto, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, sostuvo que un nuevo informe elaborado por el IDIEM ratificó graves problemas en las edificaciones, indicando que las casas presentan fallas estructurales, incumplimientos en las normas de resistencia al fuego y utilización de materiales que no contarían con certificación.
Asimismo, la autoridad afirmó que el ministerio mantendrá las querellas presentadas contra la empresa, las cuales incluyen acusaciones por fraude al fisco, negociación incompatible y presuntas amenazas hacia vecinos vinculadas al proceso. Según explicó, los antecedentes técnicos publicados por la cartera evidencian una deficiente calidad constructiva en las viviendas afectadas.
Respecto a la decisión de demoler los inmuebles, el secretario de Estado señaló que el Gobierno no está dispuesto a entregar soluciones habitacionales con problemas estructurales ni a destinar recursos públicos para corregir errores atribuibles a la empresa. En esa línea, cuestionó la propuesta de reforzar las casas y reemplazar materiales defectuosos, insistiendo en que las viviendas fueron entregadas con fallas de origen.
Del mismo modo, el ministro indicó que la mayoría de las familias involucradas ya habría desistido de continuar con la empresa, aunque precisó que aún existen grupos familiares que se oponen a la demolición. Frente a ello, afirmó que se buscará una fórmula de acuerdo, pero reiteró que el ministerio no puede validar viviendas inseguras.
Finalmente, la autoridad advirtió que situaciones similares podrían repetirse en otras zonas del país, mencionando casos en comunas como Talcahuano y San Antonio. Además, informó que el Minvu mantiene un convenio con el IDIEM para fortalecer las fiscalizaciones a proyectos habitacionales y aseguró que se aplicará “el máximo rigor de la ley” contra la constructora involucrada.
