En el Juzgado de Garantía de Viña del Mar se presentó una querella por el delito de estafa en contra de José Massú, propietario del terreno tomado en el sector de Lajarilla, en Reñaca Alto. La acción legal fue interpuesta por dos integrantes del asentamiento irregular, quienes acusan al dueño de haberles permitido instalarse en el predio para luego iniciar acciones legales en su contra.
Según lo relatado por los querellantes al medio BBCL, el 19 de febrero de 2022, Massú llegó al terreno en compañía de seis personas y les otorgó autorización para habitar el lugar. Incluso, indican que el propietario delimitó el sector que podía ocupar y llegó a construir una pandereta en el área. Sin embargo, días después, uno de sus acompañantes habría comenzado a exigir pagos a las familias asentadas en el terreno, cobros que, según la querella, ascendieron a más de dos millones de pesos por grupo familiar. En total, serían 86 las familias afectadas.
Con la certeza de haber cumplido con los pagos exigidos, los ocupantes continuarán levantando sus viviendas. No obstante, el 18 de marzo de 2022, apenas un mes después, Massú presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso en contra de Patricio Peñaloza, uno de los ocupantes, con el objetivo de recuperar la propiedad. Para los querellantes, esta acción constituye un engaño premeditado, ya que, en sus palabras, el dueño primero los autorizó a permanecer en el lugar para luego desconocer ese acuerdo y solicitar su desalojo.
El escrito judicial también expone que Massú “se aprovechó de la notoria necesidad e ignorancia” de los afectados, muchos de ellos inmigrantes en situación de vulnerabilidad, quienes desconocían las normativas que regulan la compra de terrenos y otras operaciones inmobiliarias. Por esta razón, solicitaron que el dueño del predio y quienes resultan responsables sean investigados y sancionados por el delito de estafa.
Cabe mencionar que la toma de Lajarilla tiene una orden de desalojo fijada para el 4 de marzo a las 9 de la mañana, lo que mantiene en incertidumbre a las familias que actualmente habitan el sector.
