El informe de la Contraloría General de la República sobre las subvenciones municipales en Valparaíso abrió un nuevo flanco de tensión entre la actual y la anterior administración, luego de que el exalcalde Jorge Sharp y la alcaldesa Camila Nieto entregaran versiones contrapuestas sobre los montos pendientes de rendición y las responsabilidades políticas y administrativas involucradas.
El debate se instaló a partir de los antecedentes correspondientes a los años 2023 y 2024, contenidos en el informe 151 del órgano contralor, y de las revisiones realizadas durante 2025, lo que fue abordado tanto en declaraciones públicas del exjefe comunal como en una reciente sesión del Concejo Municipal de Valparaíso.
Por una parte, Jorge Sharp salió a cuestionar las cifras que se han difundido respecto de las subvenciones sin rendir durante su gestión, asegurando que es incorrecto afirmar que existan cerca de 18 mil millones de pesos pendientes. Según sostuvo en La Estrella de Valparaíso, entre 2024 y 2025 se habrían regularizado rendiciones por más de 17.900 millones de pesos, y afirmó que el aumento en la entrega de subvenciones al final de su periodo respondió a una política de fortalecimiento del apoyo a organizaciones sociales, descartando motivaciones electorales. Además, recalcó que la Contraloría habría desestimado denuncias sobre uso de recursos públicos con fines de campaña y acusó que la actual administración no entregó toda la información disponible al ente fiscalizador, lo que, a su juicio, afectó la “credibilidad del municipio”.
En esa misma línea, el exalcalde defendió las medidas adoptadas durante sus ocho años de gestión para ordenar las finanzas municipales, recordando que al asumir en 2016 existían rendiciones pendientes por más de 45 mil millones de pesos, cifra que —según indicó— fue reducida de manera significativa en los años siguientes. No obstante, afirmó que está dispuesto a colaborar con nuevas revisiones y que solicitará antecedentes por la vía de Transparencia para aclarar los montos actualmente en discusión.
Desde la vereda opuesta, la alcaldesa Camila Nieto abordó el tema ante el Concejo Municipal, señalando que la situación heredada correspondía a un monto cercano a los 22.500 millones de pesos en subvenciones sin rendir. En ese contexto, detalló que durante 2025 se entregaron más de 11 mil millones de pesos en nuevos aportes y que, paralelamente, se ingresaron rendiciones y regularizaciones por cerca de 17.923 millones, lo que permitiría cerrar el ejercicio con una cifra aproximada de 16 mil millones de pesos pendientes. Junto con ello, anunció un paquete de medidas administrativas y disciplinarias para enfrentar las observaciones del informe, entre ellas, la revisión de asistencias y marcajes, la regularización de licencias médicas, la exigencia de reintegros cuando no existan respaldos, la actualización del reglamento de subvenciones y el cierre de procedimientos disciplinarios atrasados.
El tema también generó reacciones en el Concejo Municipal. Algunos ediles cuestionaron la forma en que se abordó la discusión, mientras que otros manifestaron su preocupación por el volumen de recursos aún no regularizados. Desde la oposición se advirtió que cerrar el año con una deuda de ese nivel no es un asunto menor y se insistió en la necesidad de contar con un plan concreto de gestión para la cobranza y el control de las rendiciones, evitando que el debate se centre únicamente en atribuir responsabilidades a administraciones anteriores.
De esta forma, el informe de Contraloría no solo activó una serie de ajustes internos en el municipio, sino que también profundizó el cruce de acusaciones entre la actual y la anterior gestión, en medio de un escenario marcado por la presión política y la expectativa de nuevas auditorías que permitan esclarecer definitivamente el estado real de las finanzas municipales.
