Esta semana entrará en vigor una ordenanza municipal en Valparaíso que busca regular el comercio ambulante en espacios públicos, prohibiendo su ejercicio sin autorización previa en calles, plazas y otros bienes nacionales de uso público. La medida fue aprobada recientemente por el Concejo Municipal con el objetivo de ordenar el espacio público y combatir prácticas informales y abusivas.
La alcaldesa Camila Nieto destacó que esta normativa es una herramienta concreta para diferenciar entre el comercio honesto y las actividades ilegales o abusivas que afectan la convivencia y la seguridad en la comuna. Además, señaló que la ordenanza contribuirá a recuperar espacios públicos para el tránsito peatonal y mejorar la calidad de vida de los vecinos, asegurando un comercio más justo y transparente.
No obstante, la medida generó críticas y cuestionamientos. La concejala Valentina Veliz fue especialmente crítica, señalando que no cree en el proyecto de la alcaldesa y calificó la ordenanza como una “solución parche”. Asimismo, apuntó que la iniciativa no aborda problemas estructurales como el desempleo ni ofrece una verdadera hoja de ruta para la formalización del comercio ambulante. Según la concejala, el municipio debería actuar como un trampolín hacia la formalidad en vez de limitar el comercio con restricciones que, a su juicio, solo “estrechan la cancha” para quienes evaden impuestos sin soluciones reales.
El concejal Leonardo Contreras (RN), quien votó en contra de la normativa, coincidió en que la ordenanza presenta importantes falencias operativas. Contreras criticó que el reglamento establece zonas prohibidas pero no define claramente los lugares permitidos para el comercio ambulante, lo que, en su opinión, genera un vacío normativo que complicaría la fiscalización. Además, alertó sobre la insuficiente dotación de fiscalizadores en la ciudad, con solo 34 inspectores para una extensión territorial de más de 400 km². “Así vamos a ir viendo el fracaso de la ordenanza en el camino”, afirmó. También destacó que la norma legitima un comercio informal similar al que ya existía, con poca capacidad de control.
Desde el sector gremial, Pablo Rojas, presidente de la Asociación Gremial Emporio del Pacífico, valoró que la normativa puede beneficiar en parte a algunos sectores, pero insistió en la necesidad de una fiscalización más rigurosa para proteger a las Pymes establecidas. Rojas advirtió que el comercio ambulante, especialmente en zonas como calle Pratt, incluye ventas de alimentos sin resolución sanitaria, lo cual representa un riesgo para la comunidad. Sobre la capacidad del municipio para fiscalizar, expresó serias dudas y enfatizó que “la idea es que la fiscalización sea justa y efectiva, especialmente sobre quienes deben cumplir con las normativas sanitarias y comerciales.” Respecto al objetivo de reactivar la vitalidad urbana, Rojas manifestó esperanza, pero aclaró que se trata de un proceso gradual que requerirá tiempo y trabajo conjunto entre autoridades y gremios.
