Funcionarios de la PDI formalizados por tortura y detención ilegal tras allanamiento erróneo en Lampa

Funcionarios de la PDI formalizados por tortura y detención ilegal tras allanamiento erróneo en Lampa
 

Esta semana, siete funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) fueron formalizados por los delitos de tortura, detención ilegal y falsificación de parte policial luego de un allanamiento por error en la comuna de Lampa.

Los hechos ocurrieron el 5 de mayo de 2020, cuando los efectivos realizaban una investigación relacionada con el denominado “Robo del Siglo 2”, que tuvo lugar en marzo de ese mismo año, donde se sustrajeron más de $12 mil millones de pesos de un camión de valores en el aeropuerto Arturo Merino Benítez. Durante la madrugada de ese día, Ariel Albornoz y Macarena Zamora se encontraban durmiendo en su vivienda cuando notaron la presencia de al menos seis individuos en su patio, lo que despertó su alerta.

Ambos fueron golpeados y detenidos, incluso se acusó a Albornoz de homicidio frustrado contra personal policial debido a que realizó disparos al aire en un intento de disuadir. Sin embargo, la defensa de los imputados argumenta que la vivienda, que se trata de una parcela, no tenía numeración visible y que los policías actuaron bajo una orden.

Durante la audiencia, Ariel Albornoz manifestó sentirse intimidado por uno de los funcionarios de la PDI presente, mostrando evidente molestia con la determinación. Por su parte, Felipe Sepúlveda, persecutor adjunto de la Fiscalía de Las Condes, afirmó que continuarán recopilando antecedentes en el marco de la investigación. En tanto, Omar Castro, abogado defensor de uno de los imputados, se mostró satisfecho con la decisión del tribunal.

Los siete imputados quedaron en libertad con arraigo nacional y podrán continuar desempeñándose en sus funciones dentro de la institución durante los 180 días de plazo establecidos para la investigación.

Este caso ha generado preocupación y cuestionamientos en relación con los procedimientos de la PDI y el respeto a los derechos humanos. Las autoridades competentes se comprometen a esclarecer los hechos y a garantizar la transparencia y la justicia en el desarrollo de la investigación.

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