El agua es un elemento vital, de hecho, cuando hace falta pueden ocurrir grandes conflictos. Sin embargo, en nuestro país, aunque es concebida como un bien nacional de uso público, según el artículo 595 del Código Civil y el Código de Aguas, también otorga a los privados derechos de propiedad sobre esta. Esto es fruto de la construcción del sistema neoliberal, que establece a la propiedad privada como la única y mejor manera de lograr estabilidad, justicia y eficiencia. Por lo tanto, esa misma idea fue aplicada a este recurso natural, que su propiedad y gestión asociada a su acceso se encuentran privatizada.
Esta idea fue aplicada durante la dictadura militar, con la constitucionalización del derecho de propiedad sobre el agua en 1980 más su promulgación en el Código de Aguas al año siguiente. En esta misma línea, en el Código de Aguas de 1981 se limitó la capacidad de la autoridad para intervenir y regular el uso que se dará a los derechos de aprovechamiento de agua entregado gratuitamente por el Estado a particulares. De esta manera, tales derechos se incorporan al patrimonio de los privados, que además están amparados por la garantía constitucional del derecho de propiedad, por lo que pueden sacar provecho de aquello, pues la ley los respalda.
Así, los derechos de agua fueron concentrados por unos pocos y las empresas encargadas de abastecer a la población con agua potable no han logrado ofrecer precios justos ni una cobertura amplia para la ciudadanía. En este contexto, surge la escasez hídrica, la cual depende de las decisiones que se tomen al respecto del uso del agua, a diferencia de la sequía, que es un fenómeno meteorológico.
Entonces, la escasez hídrica junto con la sequía han ido secando los suelos de nuestro país, por lo que es de suma importancia que en la nueva Constitución se aborde este importante tema, sino la ley seguirá protegiendo a quienes monopolizan la propiedad y el uso del agua, mientras que aquellos que defienden el libre acceso a este recurso vital, muchas veces son perseguidos por las autoridades. Un ejemplo son los miembros de Modatima (movimiento de defensa del agua, la tierra y la protección del medio ambiente), quienes afirman en un artículo de IPS que han vivido en carne propia la intimidación de visibilizar y denunciar los conflictos por el agua en Petorca. “Muchos defensores medioambientales han perdido sus fuentes laborales, otros siguen encontrándose con obstáculos para acceder a un empleo, algunos han tenido que huir de la provincia, y los que se han quedado han tenido que aprender a vivir con el miedo constante”, detallaron integrantes de Modatima en el medio IPS.
Finalmente, hay que decir que está en nuestras manos hacer del agua un derecho para todos y no como un privilegio para algunos. Hay que consagrarla como un bien nacional público que pueda llegar a todos los chilenos, priorizando su uso para el consumo humano y protección del medio ambiente, sobre todo para las zonas más afectadas.
Por: Roberto Bravo.
