Prohibir a la Municipalidad de Viña del Mar ejecutar la demolición de casas afectadas por el megaincendio fue la determinación que dictó la Corte de Apelaciones de Valparaíso debido a una orden de no innovar ante el recurso de protección presentado por once vecinos del sector.
Tras lo anterior, el tribunal porteño indicó que “la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar, dentro del plazo de ocho días, debiendo adjuntar todos los antecedentes necesarios para la correcta inteligencia y resolución del recurso deducido, bajo apercibimiento de prescindir del informe solicitado y resolver con el mérito de los antecedentes que obren en autos. Acompáñese copia de las piezas pertinentes. Requiérase por la vía más expedita”.
En este contexto, los abogados Sebastián Astuya y Paulina Canepa, quienes presentaron el recurso de protección, sostuvieron en el medio Cooperativa que muchos de los afectados no viven en aquellos inmuebles, sino que arriendan las casas.
“Lamentablemente, la desinformación, caos y desorden en el actuar de las autoridades, llevó a que únicamente se otorgara, o se pensara en beneficios para los habitantes de los inmuebles consumidos por el fuego, y no así para los dueños de estos, personas, igual o mayormente afectadas, conforme a los aspectos narrados en el numeral anterior», señalaron los abogados al medio antes mencionado.
«Así fue como a mis amparados si bien se les permitió llenar la ficha básica de emergencia del Ministerio de Desarrollo Social (FIBE) con posterioridad recibieron llamados, supuestamente desde la I. Municipalidad de Viña del Mar, desde donde indicaban, que, por ser dueños, y no residentes de los inmuebles, no serían beneficiados por dicho sistema, generando aún más desazón y desesperanza, ya que además se les hizo ver como si fueran delincuentes por buscar un beneficio», sostiene el documento.
Tras todo lo mencionado anteriormente, los vecinos y afectados acusan una “total falta de certeza jurídica y absoluta incertidumbre”, en lo que respecta al acto administrativo, ya que no se ha ofrecido apoyo técnico y de emergencia para abordar la situación.
En el documento se señala que los vecinos «se encuentran en el más absoluto estado de abandono con este acto administrativo, plasmado en el decreto alcaldicio que ordena la demolición de las viviendas».
