La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso al revocó la prisión preventiva de otro integrante de la organización criminal conocida como «La Empresa», un grupo de prestamistas de origen colombiano que operaba bajo el esquema «gota a gota». Esta banda fue desbaratada en noviembre del año pasado tras una operación llevada a cabo por la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía de Valparaíso, que resultó en la detención de 44 personas, entre ellas 43 ciudadanos colombianos y un chileno.
Las investigaciones del Ministerio Público revelaron que «La Empresa» funcionaba con una estructura altamente organizada y jerárquica, con un gerente identificado como Stiven Enríquez, una oficina moderna ubicada en el centro de Santiago y una flota de 27 motocicletas y varios automóviles destinados a la cobranza de los préstamos. Este grupo operaba en distintas regiones del país, incluyendo la Metropolitana, Valparaíso y O’Higgins, ofreciendo préstamos a personas sin acceso al sistema bancario formal, con intereses usureros y bajo la constante amenaza de represalias en caso de impago.
En un período de cuatro años, lograron captar 6.700 millones de pesos sin pagar impuestos ni estar sujetos a la fiscalización de organismos como la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Parte significativa de las ganancias obtenidas por esta red era enviada a Cali, Colombia, donde se encontraba la base de operaciones de la organización.
Pocos días antes de que se concretara el operativo que llevó al arresto de sus integrantes, el líder de «La Empresa», Disney Montoya, visitó Santiago para supervisar las operaciones. Durante su estancia, se alojó en un lujoso hotel y fue recibido por sus subordinados, quienes lo agasajaron vistiendo atuendos blancos, en una escena que recuerda más a un evento corporativo de alto nivel que a una reunión de una red criminal.
A pesar de la magnitud del caso y la gravedad de los delitos imputados a los miembros de esta organización, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso ha otorgado la libertad a varios de los acusados. Esta situación motivó la presentación de un recurso de queja por parte de la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, en contra de dicha sala, presidida por la ministra Silvana Donoso. Cabe recordar que esta magistrada estuvo involucrada en la liberación condicional de Hugo Bustamante, conocido como el «asesino del tambor», quien, tras salir de prisión, cometió un nuevo crimen al asesinar a la joven Ámbar Cornejo en 2020.
El recurso de queja presentado por la Fiscalía sostenía que la Corte de Apelaciones no había justificado debidamente la decisión de conceder la libertad a cuatro de los formalizados. Sin embargo, la Corte Suprema rechazó la impugnación, lo que permitió que los mismos jueces volvieran a tomar decisiones en la causa. Así, el 10 de febrero, la Segunda Sala, conformada en esa ocasión por la ministra Donoso, la ministra Nancy Bluck y el ministro suplente Erik Espinoza, dejó en libertad a Dayanna Cando Andrade. En la resolución se destacó que el ministro Espinoza votó en contra, argumentando que su liberación representaba un riesgo tanto para la sociedad como por el peligro de fuga. En cambio, la ministra Bluck fundamentó su voto a favor de la libertad de la imputada considerando su calidad de madre de una niña de dos años y citando las reglas de Tokio y Bangkok, que orientan la aplicación de penas y medidas cautelares a mujeres con hijos pequeños.
Posteriormente, la misma sala se pronunció sobre la solicitud de libertad presentada por el abogado de otros tres miembros de «La Empresa»: Juan David Melo Taborda, Daviz Sánchez Morales y Mauricio López Jiménez, todos formalizados por los delitos de lavado de activos, usura y asociación criminal. En esa oportunidad, la decisión fue dividida, ya que la ministra Donoso votó a favor de otorgarles la libertad, mientras que la ministra Bluck y el abogado integrante Guillermo Oliver la denegaron, manteniendo la medida cautelar de prisión preventiva.
Sin embargo, el jueves de la misma semana, en otra audiencia, la Corte tomó una decisión distinta respecto a Bairon Sánchez Torres, uno de los administradores de la organización. En esta ocasión, la Segunda Sala estuvo integrada por la ministra Donoso, el ministro suplente Espinoza y el abogado integrante Felipe Goroitía, quienes resolvieron de manera unánime revocar su prisión preventiva. Esta decisión abre la posibilidad de que otros miembros con roles de liderazgo dentro de la estructura criminal también puedan recuperar su libertad en las próximas semanas.
El fiscal Pablo Avendaño se refirió a estas resoluciones judiciales y expresó su preocupación ante lo que considera una tendencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso en la concesión de libertades a los imputados de esta causa. Según indicó, «se observa una tendencia a otorgar la libertad a diversos imputados» y, aunque inicialmente esto afectaba a personas en los niveles más bajos de la organización, «esto se ha ido intensificando y ya se ha otorgado (la libertad) a dos imputados que están formalizados por los delitos tanto de asociación delictiva, como por delitos reiterados de usura y lavado de dinero, y precisamente el día jueves hubo un fallo donde se dejó libertad a un imputado formalizado por los tres delitos».
Además, el fiscal advirtió sobre el impacto que estas liberaciones pueden tener en la seguridad pública y en el avance de la investigación. «Se trata de un imputado que en su cuenta bancaria, en el último año, tenía movimientos por la suma de alrededor de mil millones de pesos. Desde ese punto de vista, el que se le haya otorgado la libertad a este imputado implica que la libertad de este tipo de imputados de este nivel puede ser particularmente peligrosa para la seguridad de la sociedad, para la seguridad de las víctimas y el éxito de las investigaciones».
