El Gobierno de Chile resolverá por la vía legal parte de la megatoma de San Antonio tras no lograr un acuerdo de compra con los propietarios, y habilitará un proyecto habitacional en 100 de las 215 hectáreas del predio. La medida se adoptó después de seis meses de negociaciones técnicas que no prosperaron, dado que —según el Gobierno— el monto exigido “estaba sobre el precio del mercado”.
El accidente social se convirtió en urgencia a dos días del plazo fijado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso para ejecutar el desalojo del campamento Centinela. En este contexto, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, advirtió en el set de prensa del Palacio de La Moneda que la magnitud del operativo exige un plan integral, subrayando que “estamos hablando de cuatro mil familias en donde hay más de tres mil niños”, una realidad que, sin acompañamiento, “podrá generar una grave crisis humanitaria” y tensionar el funcionamiento de la ciudad completa.
Por ello, explicó que la estrategia tendrá dos momentos: primero, concretar el desalojo de las zonas no incluidas en la expropiación, mientras la Municipalidad de San Antonio gestiona albergues transitorios para las familias; luego, avanzar en el traspaso estatal del terreno para empezar la construcción del proyecto, iniciativa originada por cooperativas de vivienda del sector. Asimismo, Montes remarcó que el proceso considerará la colaboración de los pobladores, afirmando que “el Estado adquirirá el terreno y los pobladores colaborarán en el financiamiento de la urbanización, manteniendo el principio de corresponsabilidad”, ya que “las familias ya tienen una parte de este ahorro acumulado”.
A la vez, la ministra del Interior, Camila Vallejo, afirmó que la decisión responde a un mandato presidencial con foco humanitario, señalando que “nos mandata, obviamente, el Presidente de la República a tener sentido humanitario. Estamos hablando de deberes legales, deberes constitucionales, herramientas legales, herramientas constitucionales, pero también el sentido de personas, de niños y de niñas”. La vocera agregó que el Ejecutivo actuará con plena responsabilidad, cerrando que “la decisión está tomada en un sentido de responsabilidad total y absoluta”.
