Un reciente fallo de la Corte Suprema dejó sin efecto la sentencia dictada en 2021 por el Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar, que había condenado a un hombre por desacato. La resolución del máximo tribunal se fundamentó en nuevas evidencias que demostraron que la prueba utilizada para su condena era falsa, lo que generó críticas desde el ámbito jurídico y académico debido a la gravedad del caso.
Los hechos que dieron origen a la condena ocurrieron la mañana del 21 de abril de 2019 en el Mall Marina Arauco de Viña del Mar. Según la denuncia presentada por la víctima, identificada como NN, su expareja, un hombre de iniciales C.A.S.C., se acercó a ella e incluso la intimidó con un arma de fuego, a pesar de existir una orden de alejamiento en su contra. La acusación se enmarcaba en un historial de violencia intrafamiliar dentro de la relación previa entre ambos.
En base a estos antecedentes, el Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar dictó una sentencia condenatoria en 2021, imponiendo dos penas de 541 días de presidio por desacato. No obstante, el condenado pudo acceder al beneficio de libertad, aunque con la pena formalmente vigente en su registro judicial.
Cuatro años después de la condena, en 2023, el propio Ministerio Público solicitó la reapertura del juicio tras revisar el fallo y analizar nueva evidencia que arrojó dudas sobre la veracidad de la acusación. Como parte de la investigación, se examinó la coartada del acusado con el objetivo de determinar si realmente estuvo en el lugar y momento de los hechos.
El análisis incluyó un rastreo de tráfico de llamadas telefónicas efectuadas desde su celular, junto con la revisión de registros de cámaras de seguridad. Estos antecedentes revelaron que, a las 10:10 horas del 21 de abril de 2019, C.A.S.C. se encontraba en Concón, dentro de su domicilio y no en Viña del Mar, lo que evidenciaba una distancia de aproximadamente ocho kilómetros entre ambos lugares.
Además, el nuevo proceso permitió identificar que el hombre al que NN señalaba como su expareja era en realidad otra persona, identificada como E.A.C. Esta conclusión se basó en testimonios, en registros de compra en un supermercado y en material fotográfico captado por cámaras de seguridad, que corroboraban que no se trataba del acusado original.
Con estos antecedentes, la Corte Suprema resolvió absolver a C.A.S.C. y revocar la condena dictada en su contra, al determinarse que no había cometido el delito de desacato y que la prueba utilizada en su contra carecía de sustento.
El fallo ha generado debate en el ámbito académico y jurídico sobre el funcionamiento del sistema judicial y el proceso de evaluación de pruebas en este tipo de casos. Felipe González, abogado penalista y académico de la Universidad de Valparaíso, calificó lo sucedido como una grave falla del sistema judicial.
“Tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial han fallado en todos los niveles”, sostuvo el abogado en La Estrella de Valparaíso, señalando que la condena original se basó únicamente en el testimonio de la víctima sin una verificación rigurosa de los hechos.
“El sistema de justicia, sin motivaciones de género de ningún tipo, debe ser adecuado para garantizar una defensa real y no de quienes tengan la razón solo porque el sistema así lo cree. ¿Cómo se acreditó que no se acercó? La única prueba que el tribunal tuvo en cuenta para acreditar el acercamiento es la versión de la víctima que realiza la denuncia”, afirmó González. “En dicho fallo, el tribunal ‘le creyó’, sin acreditarla realmente, y condenó”, agregó.
El académico también advirtió sobre los problemas estructurales que permiten que situaciones como esta ocurran, indicando que existe un “incentivo perverso” dentro del sistema judicial. “Ese es un síntoma del sistema actual: creer sin comprobar. Y se crean estos incentivos perversos para el Ministerio Público: investigar menos, acusar más”, manifestó.
Además, González enfatizó que la prioridad del sistema de justicia debería ser garantizar procesos imparciales y basados en pruebas concretas. “Nuestro sistema actual, basado en el miedo al no proteger a la víctima ya que pueda revictimizarse, ha ocasionado incentivos que crean casos como este. No debería ocurrir, pero el sistema no solo lo permite, sino que lo motiva”, concluyó.
