La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó el recurso de protección interpuesto por la Municipalidad de Quilpué en contra de la Sociedad Minera Carmelita de Colliguay Ltda., iniciativa que buscaba frenar las faenas de extracción de oro desarrolladas en el sector de Cerro Viejo, comuna de Quilpué. La decisión fue comunicada oficialmente mediante una resolución judicial emitida a comienzos de abril, donde el tribunal determinó que no existían antecedentes suficientes que dieran cuenta de una afectación a la salud de la población.
“Que, a mayor abundancia, no se ha acreditado en estos autos afectación alguna de la salud de la población, motivo por el cual, aunado a lo señalado en los considerandos precedentes, el presente recurso no podrá ser acogido”, señaló el fallo. En consecuencia, la resolución concluyó que “se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por la Ilustre Municipalidad de Quilpué en contra de la Sociedad Minera Carmelita de Colliguay Ltda.”.
El conflicto se arrastra desde diciembre de 2024, cuando la alcaldesa Carolina Corti asumió el liderazgo municipal y tomó contacto con vecinos del sector Cerro Viejo, quienes manifestaron su rechazo a las faenas mineras por el potencial impacto ambiental y la cercanía de las obras —a solo 1,5 kilómetros de zonas habitadas—. Pese a contar con la aprobación del Sernageomin desde mayo de 2024, la empresa evitó su ingreso al Sistema de Evaluación Ambiental, situación que fue calificada como “cuestionable” por la autoridad comunal.
La preocupación vecinal se tradujo en una serie de fiscalizaciones municipales que revelaron diversos incumplimientos, entre ellos, caminos construidos sin autorización, daño a la flora y fauna nativa y posibles intervenciones en quebradas sin los permisos de la Dirección de Obras Hidráulicas. Estas observaciones quedaron registradas en la Resolución N°1/2025, la cual sustentó la decisión municipal de ordenar la paralización inmediata de las obras a través de una resolución oficial emitida en enero.
A ello se suma la denuncia realizada por habitantes del Valle de Colliguay, quienes expresaron su indignación ante el tránsito de camiones de gran tonelaje vinculados a la empresa minera por rutas no habilitadas para ese tipo de vehículos. Según Irma Bravo, vocera de la comunidad organizada del sector, estos transportes —algunos de ellos de doble eje— exceden las restricciones de peso y tamaño permitidos, afectando directamente la única vía de acceso para las 17 localidades del valle, deteriorando la infraestructura vial recién pavimentada, generando atochamientos y perjudicando la actividad turística, principal fuente de ingresos para muchos vecinos.
Asimismo, la consejera regional y abogada de la Provincia Marga Marga María Elena Rubilar, indicó en esa instancia que haría un llamado a autoridades competentes del SEA y Super Intendencia del Medio Ambiente para que el proyecto Minero Carmelita «sea evaluado ambientalmente».
“Tras una serie de reuniones con vecinos del sector, fiscalizaciones en terreno por funcionarios municipales, el estudio de acciones legales por parte del equipo jurídico y de forma paralela, gestiones con organismos del Estado y Carabineros, hoy estamos en condiciones de afirmar que las obras serán paralizadas”, afirmó en su momento la alcaldesa Corti, quien personalmente intentó notificar a los representantes de la empresa el martes 16 de enero, sin éxito. La notificación finalmente fue cursada vía carta certificada y correo electrónico.
En apoyo a la decisión del municipio, el delegado presidencial provincial, Fidel Cueto, respaldó públicamente la paralización y enfatizó que “nadie está por sobre la norma”. Además, recordó que “todas las obras de desarrollo en la provincia se realizan conforme a la normativa vigente y respetando los procesos administrativos establecidos”.
Pese a la contundencia de las acciones locales, la Corte de Apelaciones no aceptó el argumento central del recurso de protección, que buscaba resguardar el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
