Escrito por Servando Pastor
Académico de la Universidad de Valparaíso
En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados y ad portas de una nueva conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores, es pertinente destacar una de las reformas laborales más significativas en Chile en lo que va de siglo: La Ley de 40 Horas. Más allá de ciertas incertidumbres e inconsistencias en los dictámenes que rigen su implementación, la ley que establece una reducción en la jornada de 45 a 40 horas semanales y la posibilidad de trabajar 4 días a la semana, cambiará de manera irreversible las relaciones laborales, sociales y familiares.
La implementación será gradual, este año la jornada se reduce a 44 horas semanales, avanzando hacia las 42 horas el 2026 y culminando en 40 horas el 2028, con la esperanza de mejorar la calidad de vida de los trabajadores y sus familias al permitirles más tiempo para el descanso y para actividades personales, aumentando así la productividad y la satisfacción en el trabajo.
Al respecto, es relevante destacar que más de 500 empresas han adelantado voluntariamente la implementación de esta normativa, optando por adaptarse más rápido a las 40 horas, lo cual es un indicativo del apoyo que la ley ha recibido dentro del sector empresarial y el reconocimiento de los beneficios a largo plazo que una jornada reducida puede traer tanto para empleados como para empleadores.
Esta medida viene a complementar una serie de importantes modificaciones recientes en las condiciones laborales de millones de chilenos: Durante el último año se aumentó el sueldo mínimo a $500,000, paralelamente está comenzando a hacerse efectiva la nueva Ley de Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral que permite optar por modalidades de teletrabajo, facilitando una mejor integración de las responsabilidades laborales y familiares, mientras que la Ley Karin fortalece los mecanismos de prevención, investigación y sanción del acoso laboral y sexual.
No obstante, a pesar de estos avances legislativos, es crucial reconocer que un segmento considerable de la fuerza laboral chilena sigue operando en la informalidad y por lo tanto no tienen la posibilidad de beneficiarse directamente de tales regulaciones, enfrentando condiciones que no garantizan seguridad ni beneficios sociales adecuados.
La informalidad laboral deja a los trabajadores vulnerables frente a la volatilidad económica, a los cambios sociales y por cierto a la aceleración tecnológica, como si fuese un síntoma o manifestación encarnada del subdesarrollo, pues existe una correlación negativa entre el nivel de informalidad y el desarrollo de los países. La evidencia muestra que mientras en Tonga, Benin o Burkina Faso la tasa de informalidad alcanza el 95%, en Suecia, Alemania o Noruega, la tasa es menor al 5%.
En Chile, en promedio, uno de cada cuatro trabajadores es informal, una tasa que es aún mayor en mujeres y jóvenes. Esto representa un desafío urgente y doble, pues si bien es esencial avanzar en la formalización de estos empleos para asegurar que todos y todas disfruten de condiciones laborales justas y seguras, también es importante enfrentar y aprovechar la reciente y acelerada digitalización de tareas en cada vez más ocupaciones y que con su promesa de eficiencia y flexibilidad, podría excluir aún más a estos trabajadores si no se toman medidas con perspectivas actualizadas.
Es fácil observar este cambio en el sector del retail, donde las grandes cadenas, como Falabella y Cencosud, han experimentado una reducción drástica en la cantidad de empleados. Desde el año 2019, estas empresas han eliminado más de 25.000 puestos de trabajo, reflejando la tendencia creciente hacia la automatización. ¿Dónde se fueron esos empleos? No es inverosímil creer que muchas de esas personas transitaron hacia trabajos informales.
Así las cosas, estamos en un momento clave en la historia reciente, donde el avance tecnológico, especialmente en inteligencia artificial y automatización, nos ofrece una oportunidad única para darle la urgencia que merece al impulso de políticas laborales inclusivas, mediante el acceso al empleo formal en nuevos campos y ocupaciones. Es decir, nuevas políticas que aborden el potencial de la tecnología para enriquecer el trabajo humano y aumentar la productividad de tal manera que los frutos del desarrollo alcancen a todos los sectores de la sociedad, incluidos los 2.539.278 trabajadores informales que esperan ser incluidos en las buenas noticias del mundo laboral.
